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SERVICIOS SOCIALES

LOS EFECTOS DE LA CRISIS
Bilbao extenderá sus ayudas sociales a 3.000 personas más

El Ayuntamiento reduce en 7 millones el dinero para prestaciones sociales al asumir la Diputación el pago de la subvención de alquiler junto a la renta básica

12.02.10 - 02:58 -
SOLANGE VÁZQUEZ | BILBAO.
AL DETALLE
Cuantía: Oscila de los 1.000 a los 2.640 euros anuales, según el destino del dinero y la composición de la unidad de convivencia.
Importes máximos. Este año, el límite por expediente será de 2.640 euros si la unidad de convivencia tiene hijos menores o mayores discapacitados; 2.200 si está formada por dos o más miembros; y 2.000 si se trata de una sola persona.
Fechas. El lunes empiezan a enviarse cartas a los perceptores del año pasado. Se estima que un 75% repetirán. Quienes se incorporen este año deberán informarse vía web a partir de marzo o en las unidades de base.
Cambio de ubicación. Las oficinas de Acción Social situadas en el edificio Aznar -donde se han registrado largas colas de interesados en solicitar AES- volverán a su tradicional ubicación de Colón de Larreategi a finales del mes que viene, según desveló ayer el concejal del área, Ricardo Barkala.
En Bilbao hay 9.540 personas que reciben las ayudas sociales de emergencia (AES) del Ayuntamiento, cuya cuantía oscila entre los 1.000 y los 2.640 euros anuales. Y este año, según advirtieron ayer el concejal de Acción Social, Ricardo Barkala, y Juan Félix Madariaga, director del área, la lista tiene visos de engordar notablemente. Según sus estimaciones, 3.000 personas -la mayoría vapuleadas por la crisis- empezarán a cobrar esta subvención, que no es periódica y se concede para afrontar gastos concretos, como el arreglo de la vivienda, la factura del dentista, la compra de electrodomésticos o el alquiler, un concepto que este año dejará de ser gestionado por el Consistorio bilbaíno en el caso de los perceptores de renta de garantía de ingresos, la antigua renta básica.
Según explicó Barkala durante el anuncio de la campaña para 2010, la Diputación se hará cargo de abonar el dinero para el arrendamiento -que pasará a llamarse Prestación Complementaria de Vivienda, una nueva figura creada por el Gobierno vasco- y lo pagará conjuntamiente con la renta básica. En las próximas semanas, la propia institución foral se pondrá en contacto con los beneficiarios, unas 4.000 personas según cálculos de los responsables municipales, para confirmar que cumplen todos los requisitos.
Así, estos perceptores ya no tendrán que pasar por la ventanilla municipal para solicitar dinero del alquiler, una necesidad a la que se dedicaron el año pasado el 52% de las AES. Esta «novedad» tendrá «un impacto importante en las ayudas», admitió Barkala. Y no sólo en la gestión -todo un alivio para los saturados servicios municipales-, «sino también en los dineros». Según añadió Juan Félix Madariaga, este año se reducirá a la mitad el presupuesto del Ayuntamieto para AES, que pasará de los 14 millones de 2009 a los siete previstos para 2010.
El área de Acción Social empezará a tramitar las ayudas el lunes, día en que empezarán a enviarse cartas a las personas que el año pasado cobraron las prestaciones para que puedan renovar su solicitud «si así lo precisan». En primer lugar, se citará a los mayores de 65 años -unas 2.200-, excepto a los que ya quedarán en manos de la Diputación porque cobran la renta básica.
A partir de marzo, los interesados que no recibieron el año pasado la prestación deberán informarse en la web municipal y en los servicios sociales de base, donde se colocarán carteles informativos sobre la forma de solicitar las citas para pedir las ayudas.
788 solicitudes denegadas
El 'filtro' municipal dejó fuera el año pasado más de 788 peticiones que no cumplían los requisitos establecidos por la ley. Según recordaron los responsables municipales, los demandantes deben contar con unos ingresos anuales inferiores a 1,5 veces la renta de garantía de ingresos. Además, el Consistorio revisará minuciosamente su patrimonio, que debe ser inferior a 35.000 euros en el caso de unidades de convivencia de un miembro y de 46.813 en las formadas por tres o más personas
Según detalló el concejal, cerca de 13.000 personas hicieron un primer intento para cobrar las AES el año pasado, pero finalmente sólo se presentaron 10.328 para formalizar la solicitud, de las que se dio luz verde a 9.540.


Aburtu dice que podrian darse *Tensiones* en el 2.010 por la demanda de residencias

10.11.09 -
D. S. OLABARRI | Bilbao:

Los servicios residenciales de la Diputación contarán durante 2010 con 405 nuevas plazas. El Departamento de Acción Social no descarta, sin embargo, que durante el próximo ejercicio se produzcan algunas «tensiones» por el aumento de la demanda. Un supuesto que obligaría al Gobierno foral a recurrir a las denominadas prestaciones vinculadas al servicio, que son ayudas económicas que concede la Administración para facilitar el acceso a residencias privadas cuando no existe suficiente oferta pública.

Vizcaya ha contado en los últimos años con suficiente oferta de camas en residencias para todas las solicitudes que se formulaban en las oficinas forales. El impacto de la crisis y la brusca caída en la recaudación obligará al Gobierno territorial a crecer de forma «más humilde» en el próximo ejercicio, según explicó ayer el diputado de Acción Social, Juan María Aburto, que también se ha propuesto buscar nuevas fórmulas para concertar más plazas en equipamientos privados.
Esta situación, que coincide con las progresivas necesidades de los últimos años, ha llevado a la Diputación a plantearse por primera vez la posibilidad de echar mano de las prestaciones vinculadas al servicio. El área de Acción Social ha reservado una partida de unos 500.000 euros para, en el caso de que se produzcan «tensiones» entre la oferta y la demanda de plazas, disponer una serie de subvenciones económicas (de hasta 800 euros) que permitan sufragar parte de los gastos que conlleva la estancia en un centro privado



Fraude en los servicios sociales
Descubren 13 viviendas con 246 'vecinos'

El Ayuntamiento de Bilbao refuerza el control sobre los 'pisos patera' y suspende 1.210 ayudas sociales por engaños en el primer semestre del año


TERESA ABAJO | BILBAO:

Seguimiento ordinario: En el trabajo del día a día, los servicios sociales detectan casos sopechosos que se investigan y que han dado lugar a la suspensión de 1.039 rentas de garantía de ingresos.
Negociado de control e inspección: Se dedica a los casos más flagrantes y atiende denuncias de particulares y de otras instituciones. Ha investigado 377 expedientes y en la mitad (199) ha encontrado algún tipo de irregularidad. Se han anulado 85 prestaciones.
Unidades técnicas de inclusión: Firman convenios de inserción con perceptores de renta básica. Han revisado 181 casos sospechosos, con 42 suspensiones.
'Pisos patera': Otros 44 beneficiarios han perdido las ayudas.

En la vivienda, situada en las inmediaciones de Bilbao La Vieja, había 37 personas empadronadas, aunque se comprobó que sólo cinco vivían allí. También ocho 'inquilinos' estaban cobrando la renta de garantía de ingresos, antigua renta básica, sin cumplir los requisitos que les dan derecho a ello, por lo que se ha decretado la suspensión de las ayudas. Es el caso más flagrante de los que se ha encontrado el Ayuntamiento de Bilbao en la investigación de 'pisos patera', que se ha visto reforzada con la incorporación de dos policías municipales al área de Acción Social.

El primer paso para cobrar un salario social, para ser ciudadano de pleno derecho, es tener una dirección, así que el padrón aporta pistas para identificar los cobros fraudulentos. En los seis primeros meses de este año, el negociado de Control e Inspección ha comprobado de oficio si 2.200 perceptores están debidamente inscritos como vecinos de Bilbao. Lo más llamativo son los trece 'pisos patera' en los que, sobre el papel, vivían 246 personas. En realidad, se ha demostrado que residían 93 y dos casos han llegado a los juzgados al detectarse indicios de un negocio rentable: cobrar suculentas cantidades a cambio de alquilar habitaciones por horas o, simplemente, por figurar en el padrón y tener acceso a las ayudas sociales. La mayor parte de estas viviendas están en el entorno de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala.

De la investigación de esos trece domicilios se ha derivado, además de las bajas en el padrón, la suspensión de 44 rentas de garantía de ingresos. Es uno de los instrumentos con los que cuenta el Ayuntamiento para controlar el gasto social, más aún en tiempos de crisis, y combatir la mala imagen de estas prestaciones. «Una ciudad desarrollada tiene que ofrecer este tipo de ayudas, pero nos preocupa que se deslegitimen», confiesa el concejal de Acción Social, Ricardo Barkala. «La ciudadanía es cada vez más crítica por la ausencia o debilidad de un vínculo entre derechos y obligaciones y, sobre todo, por los casos de fraude. Todo el mundo conoce a una persona de la que sospecha».

Contra los casos crónicos
Esto es lo que dicen las cifras: en Bilbao la renta básica llega a 14.966 hogares, donde viven un total de 26.730 personas. El desembolso global es de 8,1 millones de euros. Algo más de 3.000 expedientes corresponden a complementos de pensiones, donde el fraude «es muy limitado». De los 11.000 restantes, en el primer semestre de este año se ha propuesto a la Diputación que suspenda 1.210 ayudas. Es algo más que en el mismo periodo de 2008 -se contabilizaron 980-, aunque también se han reforzado los instrumentos de control.

Es difícil calcular la cantidad defraudada a las arcas públicas. El importe medio de la renta para una persona es de 640 euros al mes, aunque algunos sólo cobran un complemento. La mayor parte de los engaños los detectan los propios trabajadores sociales en el día a día, cuando descubren «algo que no les cuadra» y siguen la pista. El negociado de Control e Inspección investiga «los casos más escandalosos» y atiende las denuncias de particulares, «en muchos casos compatriotas del presunto defraudador». El empadronamiento irregular y la economía sumergida son los principales motivos de suspensión, junto al uso del dinero destinado al alquiler para el juego o el consumo de drogas.

Otras veces, la cuerda se rompe por la falta de empeño para salir del círculo de las ayudas sociales. Las unidades técnicas trabajan con los beneficiarios que llevan más tiempo en la lista para implicarles en la «búsqueda activa de empleo» mediante convenios de inserción. Quienes incumplen este compromiso quedan fuera del sistema.


* Ricardo Barcala*


EL AYUNTAMIENTO HA INVESTIGADO 377 DENUNCIAS POR IRREGULARIDADES EN LAS AYUDAS SOCIALES EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO

• El negociado de Control e Inspección ha encontrado irregularidades en
199 de los 377 casos investigados

• 1.210 personas, de un total de 11.251 expedientes activos en Bilbao,
han perdido la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) por incumplir
alguno de los requisitos exigidos

• 363 personas han sido dadas de baja del Padrón municipal por esta
investigaciones

Bilbao, a 23 octubre de 2009.

El Ayuntamiento de Bilbao, a travésdel Área de Acción social, ha investigado a lo largo del primer semestre del año un total de 377 denuncias por irregularidades y fraudes en la concesión de ayudas sociales.

Como consecuencia de estas investigaciones, realizadas por el negociado de Control e Inspección, se ha retirado la Renta de Garantía de ingresos
(RGI) a 85 personas y a otras 17 se les ha modificado la cuantía de esta ayuda económica.

Además de la labor de este negociado, las trabajadoras sociales de la Unidad Técnica de Inclusión Social y de los Servicios Sociales de Base han solicitado la suspensión cautelarde la RGI recibida por 42 personas al investigar 181 expedientes, más otros 1.039 casos de seguimiento ordinario por los Servicios Sociales de Base.

El negociado de Control e Inspección ha encontrado irregularidades en 199 casos ( 53% ) de las 377 denuncias investigadas; en el resto, no se detectaron deficiencias. A las mencionadas retiradas y modificaciones de la Renta Básica, hay que sumar siete casos por posible cobro indebido de esta prestación.

Los fraudes relacionados con el empadronamiento han dado lugar a que el Área de Acción Social, junto con el Área de Seguridad Ciudadana, haya solicitado que se dé de baja en el padrón municipal a 76 personas que habían solicitado algún tipo de ayuda y no vivían en el domicilio en que se encontraban empadronadas.

El resto de resoluciones del Área tiene relación con otros motivos, como reclamaciones de pensión de alimentos o traslados de municipio.

Tipos de denuncias

Las denuncias recibidas pueden llegar por cuatro canales diferentes:
Pueden ser denuncias internas hechas desde los diferentes servicios sociales y negociados de la propia Área (287 casos); denuncias externas realizadas
por cualquier ciudadano (67 casos); denuncias de otras áreas municipales –Seguridad Ciudadana y Relaciones Ciudadanas, en su mayoría- (17 casos); y denuncias de otras instituciones –recibidas en su totalidad desde la Diputación Foral de Bizkaia- (6 casos).

Los motivos principales de las denuncias son, por este orden:
novivir en el domicilio donde figuran empadronados, vivir en un domicilio en el que no están empadronados, trabajar y percibir la RGI, y otras situaciones, como cobrar ayudas para el alquiler y no pagarlo, así como utilizar de forma inadecuada las ayudas (juego,consumo de drogas, envío de dinero a su país de origen, etc.).

Agentes de la Policía Municipal adscritos a Acción Social

Las irregularidades en el empadronamiento son investigadas por la Policía Municipal a requerimiento de Área de Acción Social. Desde el mes de mayo, dos agentes de este cuerpo se encuentran adscritos al Área para este cometido. Entre mayo y junio, encontraron 47 viviendas con situaciones de irregularidad de sus habitantes, de un total de 56 investigadas, con 156 personas empadronadas, detectándose que 134 personas no vivían en los domicilios en los que figuraban como empadronadas. De estas personas, 76 tenían casos abiertos si bien no todas tenían solicitadas ayudas a Acción
Social, pero sí se ha solicitado su baja en el padrón municipal de aquellas que no residían.

Por otro lado, el negociado de Control e Inspección ha llevado a cabo en el primer semestre un total de 2.200 actuaciones de oficio destinadas a comprobar si personas que reciben la RGI en Bilbao se encuentran debidamente empadronadas en la ciudad, ya que un requisito imprescindible para recibir esta ayuda es residir en la vivienda donde se está empadronado.

Además se han llevado a cabo investigaciones en 13 “pisos patera”, donde estaban empadronadas 246 personas, de las que efectivamente vivían 93; el resto 153 se ha comunicado al Padrón Municipal para su baja. De esta investigación se han generado 44 solicitudes de suspensión de RGI.

También desde las actuaciones de seguimiento ordinario llevadas a cabo por los Servicios Sociales de Base, se han llegado a solicitar 1.039 suspensiones de RGI, en este primer semestre del año.

Unidad Técnica de Inclusión (UTIS)

El negociado de Control e Inspección deriva a la Unidad Técnica de Inclusión (UTIS) a todas las personas implicadas en sus investigaciones y que siendo perceptoras de la RGI no tenían actualizados los Convenios de Inserción, con el fin de que lo firmen, cuyo objetivo es conseguir la incorporación laboral
de estaspersonas y que sean autónomas económicamente, además de trabajar otros ámbitos (familiares, sociales,… ).

En total, se han trasladado 181 expedientes a la UTIS, de los que 104 corresponden a personas que cobran la RGI y 77 a personas que, en la actualidad,
tienen suspendida dicha ayuda.

La Unidad Técnica de Inclusión Social lleva a cabo Convenios de Inclusión con perceptores de Renta Básica que han sido denunciados o cuando existen indicios de fraude, con personas que han firmado este convenio en años anteriores y lo tienen sin renovar, y con aquellos beneficiarios de la RGI menores de 35 años y que cobran esta ayuda desde hace, al menos, tres años.

La UTIS comenzó a funcionar en el mes de marzo y hasta junio había revisado un total de 468 expedientes.

Esta Unidad cita a las personas susceptibles de firmar un Convenio de Inclusión a una primera entrevista, en la que se recaba toda la información relativa a su situación económica, laboral y personal.

En un segundo encuentro se procede a la firma del convenio,este acuerdo, del que se hace un seguimiento trimestral, obliga al usuario a buscar activamente empleo y a formarse profesionalmente y a emprender otros tipos de acciones para conseguir su inclusión social.

El incumplimiento de este compromiso puede acarrear incluso la pérdida de la RGI. De hecho, en el primer semestre, las trabajadoras sociales de la UTIS y de los Servicios Sociales han solicitado a la Diputación Foral de Bizkaia la suspensión de esta ayuda económica a 42 personas que no han cumplido las obligaciones adquiridas.

La Unidad Técnica de Inclusión Social colabora activamente con el Programa ‘Bizkaia por la inclusión activa’, en el que participan distintas entidades públicas y privadas dedicadas a la inserción laboral y social, con un total de 151 personas afectadas por un seguimiento formalizado.


La mayoría de Ayudas de Emergencia Social, para pagar el alquiler

Son el 58,9%. Pero dejarán de darse por este concepto al no ser su objetivo original.

En Bilbao se han duplicado en seis años.

MANUEL ROMERO. 11.09.2007

Para pagar la factura de la luz y del agua, comprar un frigorífico, acudir al dentista y, sobre todo, para abonar el alquiler de la vivienda. Las Ayudas de Emergencia Social (AES), que concede el Ayuntamiento bilbaíno a todo aquel que está en apuros económicos, han perdido su naturaleza. El concepto original para el que se crearon se ha «desvirtuado», admiten los responsables municipales.


Si el año pasado se concedieron en Bilbao un total de 7.541 ayudas, la mayoría de ellas se destinaron a pagar la renta de la vivienda; es decir, el 58,97% de las subvenciones concedidas.

Por el contrario, las cuestiones de primera necesidad, el pago de un endeudamiento previo, o la compra de un electrodoméstico, conceptos más propios de una emergencia social, apenas supusieron un 20% del total de solicitudes, según fuentes municipales del Área de Acción Social.

Todo ello ha llevado al Gobierno vasco, el organismo que las regula, a replantearse estas subvenciones.

El próximo año, previsiblemente, las ayudas para el arrendamiento quedarán excluidas de las emergencias sociales, aunque, en su lugar, creará un bolsa alternativa de subvenciones. A tomar esta decisión también ha contribuido el crecimiento de las AES solicitadas. En Bilbao se han duplicado en seis años. En 2001 recibieron ayudas 3.886 bilbaínos, y el aumento fue progresivo hasta llegar a las 7.541 de 2006.

Los pensionistas:

La razón hay que buscarla entre los pensionistas. «Al no llegar a los ingresos mínimos, es el colectivo que más ayudas pide», dicen estas fuentes.

Además, el mercado laboral, los contratos temporales y la inmigración hacen que cada vez más bilbaínos cumplan los requisitos, tener ingresos inferiores a 10.424 € al año, aunque va en función de los miembros de la familia.

Bilbao La Vieja recibe el 24%

Las Ayudas de Emergencia Social (AES) se reparten por todo Bilbao, pero es el distrito de Ibaiondo (Casco Viejo, Bilbao La Vieja, La Peña...) el que más subvenciones recibe. En concreto, son el 24% del total. Le sigue Rekalde con el 18% y Basurto con el 11%. Para recibir estas ayudas, hay que dirigirse a los centros sociales de base y plantear el problema. Además de justificar los ingresos, también hay que demostrar el gasto en cuestión y entregar las facturas.
ezker@gmx.es
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