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Bilbao inicia la batalla contra el piso-patera tras localizar unos 20

El Ayuntamiento buscará los mecanismos legales para frenar el subalquiler abusivo
a inmigrantes.Y han inspeccionado viviendas denunciadas por las comunidades
de vecinos.En la ciudad hay 626 hogares donde viven más de ocho ocupantes.

El Ayuntamiento erradicará los pisos-patera localizados De las más de 20 viviendas interceptadas, tres ya se han cerrado.Una comisión se encargará de prohibir el subalquiler si detecta hacinamiento

MANUEL ROMERO
20MINUTOS
Es un fenómeno destapado hace muy poco y, sin embargo, el Ayuntamiento bilbaíno
ya ha inspeccionado más de 20 pisos-patera, subarrendados a inmigrantes por altas sumas de dinero, después de que los vecinos denunciaran las molestias.
Los responsables municipales comenzaron a recibir las primeras quejas a finales de 2003 debido a los problemas que ocasiona el hacinamiento de los inquilinos.
Hasta ahora, el Ayuntamiento había reiterado que evitar esta práctica no está dentro de sus competencias.



«El Gobierno sancionará a los caseros que promuevan o permitan los pisos patera»
Tras seis años pilotando las políticas migratorias, Rumí sostiene que se ha acabado un ciclo. Pronostica que vendrán muchos menos inmigrantes, mejor preparados. La batalla contra la ilegalidad, dice, está casi ganada.

CRUZ MORCILLO
-¿Va a impedir el Gobierno por ley empadronarse en algunos supuestos?
-La nueva Ley de Gobierno Local que sustituirá a la de Bases de Régimen local lo que va a hacer es reafirmar el contenido de la actual. Deja muy claro que el empadronamiento es un derecho de toda persona que vive en nuestro país y una obligación de los ayuntamientos. Por supuesto, la nueva norma no tiene nada que ver con la polémica vivida estos días; primero, porque ese contenido ya está en la ley y, segundo, porque lo que se avanza es que se tendrán en cuenta las razones que permitan el empadronamiento real. Es decir, lo que se regulará claramente es cómo impedir el fraude de ley para españoles y extranjeros.
-Está en juego dinero para los ayuntamientos, censos electorales y pisos atestados, pero pocos españoles se hacinan en esas viviendas. ¿Impondrá el Gobierno un mínimo de metros?
-Cuando hablamos de fraude de ley hablamos de diferentes casos: personas que dicen que viven en un domicilio y no es cierto (españoles o extranjeros); hablamos también de evitar el llamado «piso patera» y el hacinamiento (hay españoles en esa situación). Claro que se ha de regular, pero con lógica. Desde luego los 20 metros que exigía el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz parecen excesivos. Muchos españoles viven en menos de 20 metros cuadrados por persona. Por tanto, hay que buscar la lógica, la habitabilidad. Nosotros lo vamos a fijar en el Reglamento de la Ley de Extranjería y si no se incluye además en la nueva Ley de Gobierno Local, tendrá que hacerse en otra norma. Eso sí, es preciso evitar las polémicas estériles, como la de Vic azuzada por el PP, que yo aún no sé lo que proponía. No sé si quería cambiar la Ley de Bases de Régimen Local o la de Extranjería. El fariseísmo es evidente. En un año no ha hecho ni una sola propuesta que tuviera que ver con este tema, ni tampoco de política de inmigración porque no la tiene. Hemos visto posiciones que han rayado en el rídiculo.
-La habitabilidad estará por tanto en el Reglamento de Extranjería. ¿Qué otras novedades recogerá el texto?
-El Reglamento va a penalizar los fraudes de ley en los empadronamientos. Se tendrán que ajustar a la ley en cuanto a la habitabilidad para evitar los «pisos patera» y la explotación, y para acabar con las direcciones falsas; seguimos trabajando además para que ningún extranjero se pueda empadronar por Internet. La Ley de Inmigración dice que se sancionará a quienes faciliten el hacinamiento y el Reglamento va a recoger que se castigue a quienes permitan o promuevan el hacinamiento.
-¿Se refiere a quienes alquilan su piso, a los caseros?
-Sí; para el verano estará listo y aún faltan precisiones. Se incluirá también la regulación del informe de integración para las comunidades y los ayuntamientos, en el que se valorará el ámbito laboral. La ley recién aprobada incluye muchos de los instrumentos para regular los flujos migratorios y detectar cuántos trabajadores son necesarios.
-Ha mencionado usted al PP en la polémica de Vic. ¿Qué le parece la propuesta de educación y sanidad sin censarse?
-Sinceramente, yo creo que Rajoy no era consciente de lo que decía. Si yo entendí bien la propuesta era que no contemos a las personas que ya están en nuestro país pero sí les demos derechos: el sanitario y el educativo. Es gravísimo, porque lo que podía provocar es un desajuste y un descontrol en las comunidades autonómas que son las que tienen esas competencias. A quién se le da ese derecho si no sabemos cuántos son. Pero no sólo eso, sino que ya ha aparecido el «aquí no cabemos todos» que llama a la xenofobia. La polémica ha tenido algo positivo y es que ha quedado claro que lo que dice la ley es para todo el mundo, aparte de que hayan salido a la luz casos como el de Torrejón, aunque Esperanza Aguirre se aprestara a defenderlo.
-La crisis ha provocado que lleguen menos inmigrantes, pero siguen viniendo, ¿cuántos?
-Hemos tenido una media de entradas legales de 250.000 personas al año; en 2009 ya le puedo anticipar el dato de que han llegado 15.900 personas, totalmente vinculadas al mercado laboral y de sectores muy especializados, ingenierías técnicas y superiores y sanidad. El contingente y el catálogo de difícil cobertura han acabado convergiendo. La inmigración es positiva para España . Necesitamos inmigrantes con estos nuevos perfiles.
«El Gobierno va a aprobar un régimen especial para las empleadas de hogar, también para las españolas»
-¿Es sostenible en esta coyuntura económica el discurso de que nos pagarán las pensiones?
-Por supuesto, demográficamente el crecimiento de España es casi cero. Si no hay incorporaciones de inmigrantes el sistema no funciona, y esas incorporaciones han de ser por la vía laboral.
-Pero la población inmigrante sufre una tasa de paro del 28%. ¿Tiene el Gobierno un plan para recolocar a esas personas?
-La inmigración debe ser normalidad y no excepcionalidad, por eso se le ha pedido a la secretaría general de Empleo que los inmigrantes estén incluidos en el plan del Inem para formar y recolocar a parados, sobre todo de la construcción y los servicios. El perfil del inmigrante es activo para la formación y con mayor capacidad de movilidad que el español. El paro ha tenido mucha más incidencia entre los hombres inmigrantes que entre las mujeres y reforzaremos la protección con el régimen especial para las empleadas de hogar que va a aprobar el Gobierno, un sector por cierto muy poco afectado por la crisis. Ese régimen especial será para españolas y extranjeras.
-Dado el escaso seguimiento, ¿ha constituido un fracaso el plan de retorno?
-No, en absoluto. Se diseñó como una opción para el inmigrante, no como una obligación. Hay dos tipos, el económico que se puso en marcha en noviembre de 2008 y el llamado social, mucho más antiguo. Entre los dos el año pasado retornaron a sus países 14.800 personas, que han podido capitalizar sus cotizaciones. El universo que se contemplaba era de unas 100.000, pero el plan es una opción, sigue vivo y está aumentando su seguimiento.
-¿Cuál es el siguiente reto?
-En este momento la integración más que el control de flujos. Estamos a punto de aprobar el II Plan Estratégico de Integración y ya hemos dedicado 1.300 millones de euros a programas específicos, muchos para los ayuntamientos. Por primera vez la variable poblacional tiene en cuenta a los inmigrantes; gracias a ese criterio las comunidades han recibido 200 millones más. Yo creo que la situación de la inmigración es razonablemente positiva, aunque no está exenta de problemas.
—Cuatro años después de la regularización extraordinaria existe aún una disparidad enorme entre los extranjeros con tarjeta de residencia y los que figuran en el padrón, más de un millón de personas...
—De las duplicidades y el padrón sin depurar, altas y bajas que no se controlan con exactitud, ya se ha hablado muchísimo, pero hay que tener en cuenta otras variables que explican esta diferencia. Hay quienes legalmente en España están empadronados y no necesitan tarjeta de residencia, por ejemplo, los británicos y alemanes sobre todo que pasan la mayor parte del año en nuestro país; los estudiantes transfronterizos, los temporeros, o los extranjeros nacionalizados españoles que pueden marcharse y volver cuando quieran. No sé la cifra concreta de inmigrantes irregulares, es casi imposible saberlo, pero es muchísimo menos de lo que había, por supuesto. Sólo hay unas decenas de miles; en ningún caso un millón.
—La dificultad del cálculo es entonces evidente, pero ¿se atreve a avanzar un dato?
—No, insisto en que es muy complejo, pero hay investigadores que basándose en todos estos cálculos sostienen que puede haber entre 200.000 y 250.000. Reitero que esta no es una cifra oficial. También algunos expertos creen que unos 200.000 extranjeros han retornado a sus países, al margen de los programas oficiales.
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